En los últimos meses la polarización de opiniones y debates con relación a la nueva forma en que serán integrados los poderes judiciales de los Estados y de la Federación, nos coloca en un clima de incertidumbre jurídica más que justificado.
El sistema judicial ha transitado de la carrera judicial y los concursos de oposición (excepto hecha en ministras y ministros), a una elección popular con todas las desventajas que ello significa, principalmente, personas juzgadoras que asumirán su cargo por haber sido elegidos en un proceso al que no ocurrió ni un tercio de la población votante, lo que pone en duda su legitimidad y además, muchas de ellas con nula experiencia en la función jurisdiccional.
Cualquier persona que haya estudiado la licenciatura en derecho puede, en teoría, ejercer la función judicial y la inmensa responsabilidad que ello implica, pero como cualquier actividad que se quiera hacer con los máximos estándares de calidad y eficiencia, la experiencia y la capacitación constante, son indispensables. La población de México no debería padecer de una curva de aprendizaje al pedir justicia que puede extenderse incluso por años. Sería paradójico que una jueza o juez elegido, haya tenido que pasar años para entender y ejercer de forma adecuada su función y no ser reelegido al término de su encargo, para ser remplazado por una persona que tiene que volver a empezar el proceso.
Por ello la importancia de la carrera judicial y los concursos de oposición es innegable. Los aspirantes a dichos procesos debían enfrentar diferentes tipos de evaluación (teóricas, prácticas, psicométricas, entrevistas, etcétera), al final de los cuales, solo los de mayor calificación podían ser designados para ocupar las plazas concursadas. La experiencia de la carrera judicial era determinante en ese sentido. Una persona que a lo largo de los años hubiere ocupado los cargos judiciales (comisario, actuario, secretario de acuerdos o proyectista) contaba con la gran ventaja de haber vivido de cerca la dinámica de un juzgado, el trato con la gente y la manera de resolver desde una expedición de copias hasta un litigio de años de duración. Ser elegido en un concurso de oposición, significaría ejercer el cargo de juzgador o juzgadora, sobre la base de una experiencia acumulada a lo largo de los años.
Por otro lado, la experiencia y el conocimiento en nada sanan la falta de ética o responsabilidad que muchas personas funcionarias judiciales han observado a lo largo de los años. En ese caso, los procedimientos de responsabilidad administrativa son determinantes para identificar casos de corrupción, negligencia o ignorancia inexcusables que ameriten sanciones que pueden ser desde una simple amonestación, hasta la separación definitiva del cargo, sin contar la responsabilidad penal y civil que cada persona magistrada o juzgadora puede enfrentar ante su actuar indebido.
Pero todo lo anterior quedó atrás. El cambio ya ocurrió, la elección judicial es una realidad y en el mes de junio se realizó el primer proceso electoral, histórico sin duda, en el que fue renovada una parte del Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales de 19 Estados de la República.
En Hidalgo, se optó acertadamente, que la elección del Poder Judicial de Hidalgo se realice dentro del marco de las llamadas elecciones intermedias del 2027, eligiéndose a personas juzgadoras, magistradas, magistrados y a los integrantes del que será el Tribunal de Disciplina Judicial.
Sin embargo, esto implica para el Estado de Hidalgo un singular problema: el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la reforma legal más trascendental de los últimos cien años entrará en aplicación en todo el país a partir del 1 de abril del 2027, mientras que, como ya mencioné, las elecciones para renovar al poder judicial local ocurrirán hasta el mes de junio de ese mismo año. Es decir, comenzaremos a aplicar el nuevo código antes de contar con nuevas personas juzgadoras.
Entonces, la capacitación para los operadores jurídicos que se encargarán de aplicar el Código Nacional (Personas magistradas y juzgadoras) se realizará para quienes se encuentren en funciones y será aprovechada en beneficio de la población, si esos actuales servidores judiciales optan por participar en el proceso electoral del 2027.
La experiencia que brindó el proceso electoral del pasado junio, debe ser aprovechada al máximo por el Estado de Hidalgo y sus autoridades. Corregir los errores, precisar los procedimientos que garanticen seguridad y equidad en la contienda y lograr una amplia participación ciudadana, para garantizar que quienes lleguen a ocupar los cargos de magistradas, magistrados, juezas y jueces, sean las personas más idóneas en conocimientos, experiencia y ética para ejercer tan sensible tarea.
Y quienes actualmente ocupamos esos cargos, tenemos la seria disyuntiva de participar o no en el proceso que se avecina, y soy de la opinión que debería ser así. Estimo la necesidad de que la población de nuestro Estado cuente con personas con experiencia, que entiendan la función judicial y que puedan brindar un servicio adecuado, aspirando siempre por empatar el derecho y la justicia.
Y desde luego, ello no significa admitir que quienes no realicen su función de manera adecuada, ética y responsable, continúen en el cargo. La operación del Tribunal de Disciplina será determinante para ello, pero con una limitante ineludible: La independencia de la función judicial.
El nuevo ordenamiento procesal nacional, vale decir, significa un paso radical de la justicia escrita y rígida, a la justicia primordialmente oral y con perspectiva de derechos humanos. Su entrada en vigor es una coyuntura que debe aprovecharse para depurar al Poder Judicial. El reto de la judicatura en Hidalgo es lograr, a partir de la elección, un adecuado equilibrio para contar con personas magistradas y juzgadoras que, además de experiencia y conocimiento, cuenten con una sólida preparación en la oralidad y los derechos humanos y, sobre todo, sean éticas y honestas.